A fines del siglo XIX, aprovechando las grandes corrientes inmigratorias, hizo eclosión la llamada “trata de blancas”. Esta denominación vinculaba la nueva forma de trata de personas –mujeres blancas, europeas, esclavizadas en la prostitución- con el anterior comercio de esclavos “negros” traídos por la fuerza desde África.
A fines del siglo XIX, aprovechando las grandes corrientes inmigratorias, hizo eclosión la llamada “trata de blancas”. Esta denominación vinculaba la nueva forma de trata de personas –mujeres blancas, europeas, esclavizadas en la prostitución- con el anterior comercio de esclavos “negros” traídos por la fuerza desde África.
La esclavitud estaba prohibida expresamente por el artículo 15 de la Constitución Nacional sancionada en 1853. Sin embargo, al amparo de los distintos poderes del Estado, la realidad fue, y sigue siendo, otra. En 1875 se reglamentó la prostitución en Buenos Aires, considerada un “mal necesario”, un “servicio público”. La actividad se ejercía bajo control municipal y fichas policiales. Cada una debía portar una tarjeta con la dirección de la casa de prostitución a la que estaba adscripta. La mujer que admitía su “oficio” debía ser mayor de 18 años pero, al mismo tiempo, la ley local autorizaba el ejercicio de la prostitución a niñas menores de edad si habían sido “iniciadas” tempranamente.
En los años de la Argentina oligárquica, el proxenetismo fue aceptado y legalizado. La reglamentación estatal, política dominante tanto aquí como en Francia, favorecía la “trata de blancas”. Junto al aluvión de inversiones extranjeras que convirtieron a la Argentina en un país dependiente, se expandió el tráfico internacional de mujeres. Dos redes de proxenetas fueron las más conocidas: la “Zwi Migdal”, controlada por cafishios judíos polacos, y “Le Milieu”, con sede en Marsella, que “importaba” mujeres de Francia.
Miles de muchachas de Europa central y Rusia fueron captadas por los reclutadores enviados por estas redes. Llegaban a Montevideo como puerta de entrada al mercado argentino, de 10 a 12 por barco. Explotadas por su marido o vendidas a otros proxenetas, las víctimas eran obligadas a firmar un contrato por el que se comprometían a pagar el viaje, la ropa, el alimento, la renta de la pocilga donde se alojaban y su mobiliario. Todo a precio varias veces superior al real, por lo que su deuda se eternizaba y se convertía en un instrumento más de retención.1
La “Migdal” llegó a explotar a 30.000 mujeres, en 2.000 prostíbulos en nuestro país. Todo esto repercutió desfavorablemente en la comunidad judía, que negó a los rufianes el acceso al cementerio: judío y polaco eran sinónimos de rufián.2
En la Argentina de principios del siglo XX, con sus contrastes de miseria y explotación y de opulencia oligárquica, la prostitución crecía con el intenso tráfico de mujeres traídas desde Europa. Buenos Aires pasó a ser uno de los centros mundiales de ese “comercio”, sólo comparable a Shangai, Barcelona o Hamburgo. Rivalizaba con París y Budapest por sus grandes y suntuosos burdeles. Junto a los “cabarets”, frecuentados por “la gente bien”, proliferaron los burdeles conocidos como “casitas”, “quilombos”, “tambos”, “quecos” o “pesebres”, que funcionaban sin descanso en cada pueblo, sobre todo cuando se concentraban los cosecheros. El Estado controlaba esta “actividad” y percibía un tributo de las organizaciones de proxenetas, convirtiéndose en socio, beneficiario y cómplice.
Denunciando esta realidad, el Primer Congreso Femenino Internacional de 1910, convocado en Buenos Aires, aprobó el “voto de protesta” formulado por la Dra. Julieta Lanteri en estos términos: “La prostitución debe desaparecer (…) Si este mal existe es porque los gobiernos no se preocupan por extirparlo y puede decirse que lo explotan, desde que lo reglamentan y sacan impuestos de él. Hago pues una moción para que el Congreso formule un voto de protesta contra la tolerancia de los gobiernos al sostener y explotar la prostitución femenina, que es para la mujer moderna su mayor dolor y su mayor vergüenza.”(…) “No las considero responsables sino las víctimas de la falta de previsión y de amor que muestran las leyes y las costumbres, creadas por la preponderancia del pensamiento masculino en la orientación de los destinos del pueblo.” 3
En 1930, a raíz de la valiente denuncia de Raquel Liberman, se dictó prisión preventiva contra 108 dueños de prostíbulos. Pero en enero de 1931 los rufianes quedaron en libertad: la Cámara de Apelaciones concluyó que “de las pruebas examinadas no surge que a las mujeres se les obligue a ejercer la prostitución”. El escándalo y el impacto en la opinión pública llevó a derogar la prostitución legal en Buenos Aires.
1 SCARSI, José Luis. “Tratantes, prostitutas y rufianes en 1870”. Todo es historia, nº 342- Buenos Aires, 1996.
2 GOLDAR, Ernesto. Historia Prostibularia en Argentina. Citado por Israel Stolovitzky – Carmen Secades en Sexualidad y Poder Ed. Puntosur. Montevideo, 1987.
3 Primer Congreso Femenino Internacional de la República Argentina…, op. cit.
