El gigante avícola Tres Arroyos, de la familia De Grazia, muy amigo de los Kirchner, es el frigorífico avícola más grande de la Argentina, y la empresa de mayor crecimiento económico y de mayores ganancias e inversiones en los últimos años en la provincia: ha obtenido millones de dólares diarios a costa de la superexplotación de los obreros y también gracias a los subsidios y el apoyo de los gobiernos nacional de Cristina K y provincial de Uribarri. Sin embargo, no quieren dar el brazo a torcer en un reclamo salarial justo, de 1.300 trabajadores que ven cómo se esfuma su salario con la inflación.
La Federación Nacional de la Alimentación negoció un 35% de aumento y $400 por única vez. Pero los trabajadores habían resuelto en asamblea que el 35% fuera desde el primer mes y no desdoblado (25% primero y luego el otro 10%). Porque la inflación ya se comió el poder adquisitivo y el gobierno nacional y la empresa quieren diluir esa conquista, por un lado para pagarla con los próximos aumentos de precios, y para no dejar el precedente a los demás gremios que negocian en paritarias. Joaquín De Grazia, gerente general de Tres Arroyos, mantiene la planta La China -de Concepción del Uruguay- cerrada frente a la demanda obrera de la reincorporación de 40 despedidos por luchar, sabiendo que cuenta con los favores del kichnerismo, que se evidencian en las visitas sucesivas de Cristina, los suculentos subsidios por kilo de pollo que reciben, los enormes créditos subsidiados y los apoyos estatales para conseguir mercados en China, India, países árabes y Venezuela.
El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) era el único que no firmó el acuerdo salarial entre la Federación de Trabajadores de la Alimentación y el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), que fue homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, y no se le permite entrar a la planta a su secretario general Mario Barrios, ni a los trabajadores realizar asambleas en los lugares de trabajo “lo que constituye una absoluta violación a la libertad sindical y a los derechos laborales comprendidos en la Constitución Nacional y sucesivas legislaciones sobre este tema”.
Por esto se realizaron asambleas informativas diarias durante cuatro días y un “quite de colaboración”. Ariel Sayas, secretario administrativo del sindicato, dijo que “No hay disconformidad con el aumento, sino que pretendíamos cobrarlo de una sola vez, porque como están las cosas en el país, no sabemos cuánto perderíamos de poder adquisitivo cobrándolo a largo plazo”.
La patronal amenaza
El jueves 21 la empresa ordenó a los trabajadores del turno tarde a retirarse y cerraron la planta. Luego llegaron los obreros del turno noche y se encontraron con las puertas cerradas. Además, enviaron cartas de intimación a trabajar con normalidad a 40 empleados.
El gerente de la empresa Francisco Tamay, advirtió que “la planta estará cerrada hasta tanto se firme en el Ministerio de Trabajo el compromiso por parte del Sindicato, que los trabajadores realizarán su trabajo en forma normal y habitual, como asimismo se garantice la paz social dentro de la planta”.
La patronal amenaza con dejar a miles de familias en la calle. ¿Qué hace el gobierno que “cacarea tanto” con la distribución del ingreso al respecto? Hasta ahora nada. De todos modos, teniendo en cuenta el pedido de desalojo de los pastajeros de Santa Elena (departamento La Paz) del gobierno de Uribarri, para garantizarle la compra de tierras a precio vil ($1.800 la Ha) para Tres Arroyos, no se puede esperar que “el doble discurso” se ponga del lado de los trabajadores. Debemos unir todas las fuerzas obreras, patrióticas y populares, para denunciar estos hechos que vulneran los derechos laborales y humanos y defender los puestos de trabajo de los compañeros e ir por más, garantizando salarios acorde a la canasta familiar y frenar el ritmo de una noria que se está llevando puesta la salud de los jóvenes trabajadores para aumentar las enormes ganancias de la industria avícola.
En una multitudinaria asamblea en el club Lanas, adonde se tuvieron que trasladar para deliberar, se decidió dejar sin efecto el “quite de colaboración”, pero lo grave de esta situación es la impunidad con que cuenta esta empresa, de cerrar las puertas de la planta (en un verdadero lockout patronal) y dejar envueltos de incertidumbre a miles de trabajadores. Estos hechos confirman que el gobierno está del lado de los grandes monopolios, y que el doble discurso sobre la distribución tiene patas muy cortas. Urge trabajar por la unidad de amplios sectores con la lucha de los trabajadores de Tres Arroyos y con los pastajeros que quieren desalojar de Santa Elena. Si tocan a uno nos tocan a todos.
