El miércoles 9 marcharon por la capital tucumana desocupados (de la CCC y la COBA), y trabajadores municipales de Aguilares y de comunas rurales. Estuvieron también presentes compañeros de Alberdi, Aguilares, Ranchillos, Colombres y de los barrios de la capital.
Las delegaciones del interior fueron forzadas a viajar en ómnibus de línea, porque el gobernador Alperovich dio órdenes de incautar los micros que trasladen los compañeros de la CCC.
Se realizó un acto en cada esquina para informar a los tucumanos que los desocupados siguen exigiendo trabajo genuino, el pago de los subsidios y la distribución de alimentos para paliar el hambre; que los municipales siguen exigiendo el blanqueo de los ítem en negro, la renovación del contrato o pase a la planta permanente de los trabajadores de las comunas rurales; y se agregó la lucha contra el impuestazo y la venta de edificios del patrimonio cultural del pueblo tucumano.
En la esquina de 25 de Mayo y Mendoza, cuando habló el compañero Porta de la CCC, hubo aplausos desde varias mesas de los bares. La marcha culminó en la Plaza, donde permanecieron hasta las 2 y pernoctaron en el Parque 9 de Julio.
El gobierno de Alperovich decretó un impuestazo inmobiliario, en más del 100% en algunos casos, argumentando que pagan más los que más tienen. Pero éste afecta más a los que menos tienen, porque no es lo mismo pasar de $ 1.000 por año a $ 2.500 para el que vive en un country, que pasar de $ 100 a $ 150 para quien gana en el mejor de los casos $ 1.000 mensuales.
Por cupos de viviendas y bolsones
El jueves 10 se marchó hacia el Instituto Provincial de la Vivienda en reclamo de cupos de viviendas para las cooperativas, y al Ministerio de Bienestar Social reclamando la entrega de los 3.000 bolsones que dejaron de dar desde el año pasado.
Después de las elecciones quisieron dar 500 bolsones, lo que se rechazó porque no alcanzaba a cubrir la totalidad de las familias que lo recibían. Creyeron que iban a comprar la voluntad de los dirigentes de la CCC, quienes una vez más demostraron que pelean por el bien de todo el pueblo.
La marcha culminó en Plaza Independencia donde se sumaron vecinos que luchan contra el impuestazo. El lunes 14 se realizó una reunión de la Multisectorial para planificar próximas medidas de lucha.
La venta de immuebles del Estado
La legislatura tucumana aprobó una ley autorizando la venta de edificios y bienes del Estado con el fin de lograr fondos para obras de infraestructura; argumentando que muchos están deteriorados, ocultando un negocio inmobiliario gigantesco, cuyo principal beneficiario sería el propio gobernador, ya se habla de reciclar los edificios en galerías comerciales o torres de departamentos.
Uno de los bienes a enajenar es un complejo ubicado en Av. Sarmiento y Salta, donde funciona la Secretaría de Educación, y que fue hospital de Niños, ALPI y sede de la Central de Policía durante la dictadura de Videla.
Alperovich usa el argumento de que el edificio debe ser demolido porque allí se torturó, pero no se conoce ninguna actividad o declaración de su parte en contra la dictadura en aquellos años. Sí se conoce que no vacila en secuestrar colectivos y hasta ambulancias del Sindicato de Municipales de Aguilares para intentar impedir que se manifiesten. Se sabe de su aval al actual secretario de Cultura, Guzmán, famoso por maltratar a los miembros del ballet estable de la provincia; se sabe además, de las numerosas víctimas del accionar policial.
También sabemos que Alperovich envió a un oficial de la policía de Tucumán para que reciba instrucciones en Israel, por eso cualquier semejanza con la represión del gobierno israelí a los palestinos no es casualidad.
Se ha formado un frente muy amplio para pararle la mano a Alperovich. El primer viernes se concentraron 100 personas en Plaza Independencia al grito de ‘Tucumán no se vende’, y el cuarto se sumaron 1.000.
Estuvieron presentes la Federación Económica de Tucumán, el Colegio de Arquitectos, entidades culturales, la CCC, la Casa de la Mujer Norma Nassif, la escuela de Psicología Social, escuela Normal, etc. Un conjunto muy heterogéneo integrado por intelectuales, comerciantes, empresarios, etc., que están alarmados por la forma de gobernar; porque todas las obras públicas tienen que ver con algún negocio vinculado a la casa de Gobierno, y la legislatura es un apéndice del Ejecutivo ya que cuenta con mayoría absoluta de obsecuentes que lo único que le cuestionan es que les fijó un sueldo de $ 5.000, y no de $ 9.000, que es lo que gana él y sus ministros.
