Tras 80 días de maniobras y dilaciones, sin haber podido quebrar la firmeza de los chacareros y negándose a escuchar sus reclamos, el gobierno kirchnerista hizo un anuncio con el que aparentemente (para la tribuna) reconoce su error en la resolución sobre el nuevo aumento de las retenciones del 11 de marzo, que hizo estallar la rebelión agraria. Está claro que este es un anuncio para tratar de deslegitimizar el paro agrario ante la opinión pública, porque no reduce en nada dicho aumento en las retenciones, que se sigue manteniendo. La "reducción" que se anunció solo es aplicable para el hipotético caso de que el precio internacional de los cereales y oleaginosos se eleven astronómicamente en el futuro. Por ejemplo, en la soja el gobierno establece ahora una reducción al aumento anterior a partir de que el precio internacional supere los 600 dólares la tonelada, cuando el precio actual es de 480 dólares. Es decir que no es un anuncio que reduzca la mayor carga impositiva que implica el aumento en las retenciones de la resolución del 11 de marzo, sino que lo que reduce es la escala de aumentos que establecía dicha resolución para hipotéticos fuertes aumentos en los precios futuros. Un tema que podía preocupar a los especuladores, pero que no es el que preocupa a los verdaderos productores que, con los precios actuales, quedan fuera del mercado por el saqueo impositivo. En cuanto a la exclusión de los pequeños productores del aumento a las retenciones, con el que el gobierno trató después del estallido agrario de dividir su base más popular, el supuesto mejoramiento que promete el gobierno ahora no cambia su contenido esencial. Porque solo se plantea una supuesta simplificación de los trámites para obtener la devolución de esa parte del impuesto para los monotributistas, mientras se mantiene el mismo corte arbitrario de devolución hasta las 500 toneladas de soja y girasol, para los productores de hasta 150 hectáreas en las provincias pampeanas (sean de la zona que rinde 40 quintales la hectárea o las que rinden 10, como en el norte de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, o el sur de Buenos Aires y casi toda La Pampa) y de menos de 350 hectáreas en las provincias extrapampeanas. Si para estos sectores ya el anterior aumento en las retenciones (en noviembre, del 27 al 35%) era la condena a su desaparición, qué decir ahora para los que tienen poco más de 150 hectáreas en la región pampeana (y ni que hablar de los que trabajan en las zonas marginales de la misma), o los que apenas pasan las 350 hectáreas en las provincias extrapampeanas. Evidentemente lo que se busca es dividir a los sectores de pequeños y medianos productores del campo. Porque si en verdad se buscara gravar las ganancias extraordinarias de los grandes terratenientes y pools, como se dice (y no se quiere recurrir a un mayor impuesto a las ganancias sobre ellos porque ese impuesto es coparticipable, lo que no se dice) por lo menos habría que establecer una escala de devolución de las retenciones que abarque a la mayoría de los pequeños y medianos productores. Por ejemplo, la que propone Federación Agraria en vez de un límite tan mezquino del 5% hasta las 500 toneladas, que no alcanzan para sostener una familia: 15% hasta las 1.000 toneladas, 10% de 1.000 a 1.500 y 5% de 1.500 a 3.000. Pero no, el gobierno kirchnerista trata de aumentar "su caja", sin importarle la mayoría de los pequeños y medianos productores y que se queden sin recursos las provincias. Sabe que los grandes terratenientes y pools no se van a fundir, porque son los que tienen menos costos y pueden obtener beneficios extraordinarios (a costa de los contratistas y obreros rurales), y no le importa que se fundan los productores pobres y medios, o que no les quede otra opción que trabajar para los grandes terratenientes y pools. El gobierno de los Kirchner trata de engañar al pueblo y endurece su posición para quebrar el movimiento. Pero los chacareros y contratistas han hecho un aprendizaje acelerado en estos casi tres meses de lucha, lo mismo que el movimiento obrero y los pueblos de las provincias, que han comprendido que no se trata simplemente de un reclamo sectorial, que es un reclamo federal.
03 de octubre de 2010
