El año pasado, la irrupción de la pandemia y el establecimiento del “aislamiento social preventivo y obligatorio” (ASPO) precipitó un derrumbe de la actividad económica, agudizando al extremo la recesión que acusaba la economía argentina desde abril de 2018. En ese marco, se desplomó la recaudación tributaria, naturalmente ligada a la marcha de la actividad, y con ello los recursos del Sector Público Nacional (SPN).
Al mismo tiempo, el cierre masivo de actividades impuso la necesidad de una asistencia general a parte de los sectores afectados, que se canalizó centralmente a través del “Ingreso familiar de emergencia” (IFE) y del “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción” (ATP), además de otros programas como la “Tarjeta alimentar”. Dichas medidas fueron importantes para contribuir a paliar un contexto económico-social acuciante ante el derrumbe de la producción, el empleo y las changas, pero insuficientes. Según datos oficiales, el año 2020 cerró con una tasa de pobreza del 45,3% de la población y un 10,4% de indigencia. Entre los chicos de 0 a 14 años, la pobreza llegó al 63%, elevándose al 73% en el conurbano bonaerense.
La implementación del IFE y del ATP, junto con el mayor gasto generado por la cuenta subsidios ante al congelamiento de tarifas y el incremento de las transferencias a las provincias contribuyeron a una gran expansión del gasto público en términos reales (descontada la inflación). Esto ocurrió al mismo tiempo que se derrumbaron los ingresos públicos, lo cual derivó en un ciclópeo aumento del déficit fiscal (resultado negativo entre ingresos y gastos). El déficit fiscal primario (antes del pago de intereses de la deuda pública) representó el 6,4% del producto interno bruto (PIB), mientras que el déficit financiero (total) se elevó al 8,3% del PIB, siendo financiado casi en su totalidad con emisión monetaria (transferencias del Banco Central al Tesoro Nacional).
No obstante, este año se verificó una situación diametralmente opuesta en el plano fiscal. Ya en el Presupuesto Nacional aprobado hacia fines del año pasado para 2021 se eliminaron los gastos extraordinarios vinculados a la pandemia, como el IFE y el ATP; es decir, se planteó un Presupuesto sin “segunda ola”, que finalmente vino con todo. Se privilegió la apertura generalizada de la economía, apostando a una vacunación masiva que demoró mucho más de lo previsto, con el drástico deterioro de la situación sanitaria como correlato. De esta forma, el gobierno apuntó a una rápida reducción del déficit fiscal, en el marco de la negociación de la deuda con el FMI, para lo cual aplicó un verdadero “ajustazo”.
Considerando los números fiscales en base caja, en enero-agosto de 2021 (último dato oficial), el gasto total del SPN se redujo 7,8% interanual (respecto de igual período de 2020) en términos reales. En particular, se registró un enorme recorte en el gasto público correspondiente a las denominadas «prestaciones sociales» y en los salarios estatales.
En dicho período, el gasto acumulado en jubilaciones y pensiones disminuyó 7,5% interanual, luego del descenso de 0,7% en 2020. Ya el año pasado el gobierno se había ahorrado unos 80.000 millones de pesos por la suspensión de la anterior fórmula de actualización de los haberes, que efectuó ni bien asumido. También acusaron fuertes caídas los gastos en pensiones no contributivas (-13,1%); transferencias al PAMI (-14,1%); asignaciones familiares (-4,7%); y “otros programas” (-48,6%), que incluyó el IFE y el ATP en 2020. La excepción fue la AUH, con una suba del 5,9%.
El gasto público en salarios, que viene de caer 8,5% en 2020 y 26,0% durante la gestión macrista, disminuyó otro 3,6% interanual en lo que va de 2021; una verdadera catástrofe salarial para los empleados del Estado Nacional. Con la reciente reapertura de paritarias, este año los salarios estatales con suerte le empatarán a la inflación, manteniendo el penoso poder adquisitivo de 2020.
En suma, el gasto correspondiente a las prestaciones sociales y salarios cayó 14,7% en lo que va del año; aún excluyendo el rubro “otros programas” (que eleva la base de comparación por los gastos de IFE y ATP en 2020, no renovados este año), desciende 6,9%.
Este ajuste del gasto se efectuó en simultáneo con una fuerte suba de la recaudación, debido al repunte de la actividad económica –el PIB aumentará alrededor de un 8,5% este año, luego de la caída de 9,9% en 2020- y a los mayores ingresos del comercio exterior generados por el salto en el precio internacional de la soja y de otros productos agropecuarios; además del ingreso extraordinario logrado por el impuesto a las grandes fortunas, que lleva recaudados 212.057 millones de pesos hasta agosto (base caja). Así, los ingresos totales del SPN aumentaron 24,1% interanual, en claro contraste con la mencionada caída del 7,8% en el gasto total, siempre en términos reales. Por más que Guzmán insista una y otra vez en negar el ajustazo, no se puede tapar el sol con las manos.
Debido a la desigual dinámica de ingresos y gastos, el déficit primario acumulado hasta agosto fue de sólo 0,5% del PIB, mientras que el resultado financiero mostró un saldo negativo equivalente al 1,5% del PIB, el más bajo en siete años. Por su parte, el Ministerio de Economía informó déficits de 1,0% y 2,0% del PIB respectivamente, porque no incluye en el cálculo de los mismos el impuesto a las grandes fortunas, quizás vergonzante de mostrar la profundidad del ajuste.
El amplio castigo electoral al gobierno dejó en claro la exigencia de un inmediato cambio de rumbo económico para empezar a resolver las urgentes necesidades populares. Mientras se esperan algunos anuncios oficiales, la realidad es que las medidas post electorales concretadas hasta el momento han sido todavía muy magras. Entre ellas, una suba adicional del 16% en el salario mínimo -actualmente en su menor nivel real desde el año 2004-, a pagar en cuotas hasta febrero de 2022, y una nueva actualización del piso de ganancias.
En cambio, el 22 de septiembre el gobierno pagó un vencimiento de 1.884 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), utilizando los DEG (activo de reserva internacional) que giró el propio FMI a los países miembros con el objetivo de destinarlos a la lucha contra la pandemia; y volverá a cancelar otro vencimiento por un monto similar en diciembre, mientras continúa en negociaciones para alcanzar un acuerdo de “facilidades extendidas”, con los clásicos condicionamientos de política económica que ello implica.
Los números fiscales muestran que plata hay, y debe destinarse rápidamente a dar respuesta a la apremiante situación económica-social que padecen amplios sectores populares.
Escribe Ramiro Suarez
