El gobierno de Alberto Fernández, a través de su ministro Guzmán, continúa extendiendo los plazos para lograr una renegociación con los tenedores privados de bonos argentinos bajo legislación extranjera, con su propuesta de postergación y reducción del pago de sus intereses y vencimiento de sus montos.
Esa parte de la deuda bajo legislación extranjera, mayormente con grandes bancos y fondos de inversión que operan en Nueva York, suma unos 66 mil millones de dólares, pero su negociación es considerada fundamental para evitar los juicios en tribunales extranjeros. La otra parte es con los organismos internacionales, unos 70 mil millones de dólares, en los que están los 44 mil millones heredados de Macri y otros 2 mil millones con el Club de París que vienen de antes.
Pero eso es sólo un tercio del total de la Deuda Pública Nacional: la mayor parte que resta de la deuda del Tesoro Nacional es en pesos y en dólares (un equivalente a 200 mil millones de dólares), que están bajo legislación interna. Entre ellos hay otro equivalente a unos 70 millones de dólares en bonos en pesos y en dólares (incluidos los que nos legaron Caputo y Macri) que están en manos privadas, en gran parte de sucursales de grandes bancos y fondos extranjeros radicadas en Argentina. Con la parte de estos bonos en dólares lo hecho por el ministro Guzmán ha sido postergar el pago de los vencimientos hasta agosto, y con la parte de bonos en pesos lo que viene haciendo es canjearlos por otros bonos de más largo plazo ajustables a la inflación más una tasa de interés bonificada. A su vez, a los bonos que tienen los organismos públicos, se los viene cambiando directamente por otros bonos de hasta 10 años de plazo a la misma tasa que a los bonistas privados.
Esto hace que este endeudamiento del Tesoro Nacional y sus intereses -al que habría que sumar los de las provincias y municipalidades, del Banco Central, bancos y otros organismos nacionales o locales-, se siga renovando y acrecentando por la inflación “esperada” y sus intereses, aunque ahora éstos sean más bajos que antes.
Es imprescindible abordar el tema de la Deuda Pública en su totalidad y, junto a la necesaria investigación de su legitimidad, suspender todos sus pagos y reprogramar sin intereses todos los vencimientos de bonos de la deuda pública nacional, provinciales y municipales y de las letras del Banco Central y demás bancos nacionales y regionales, respetando las tenencias de pequeños ahorristas. También es necesario abordar el tema del creciente endeudamiento privado prohibiendo todos los mecanismos de indexación en los contratos económicos, comerciales y financieros, suspendiendo sin intereses al menos por un año todos los pagos de tarjetas de crédito, tarifas, alquileres y demás deudas que ahogan a las familias y llevan a la quiebra a los pequeños emprendimientos y Pymes.
Todo esto es fundamental para continuar la lucha contra la pandemia garantizando la vida de la población sin mayor inflación, y su instrumentación requiere recuperar la potestad soberana del Banco Central de regir el sistema financiero y el manejo del dinero quitados por la Ley de Entidades Financieras de la dictadura desde 1977. Para ello se debe declarar de utilidad pública a la operatoria de las entidades financieras, y que las mismas sean por cuenta y orden del Banco Central como concesionarias que son de esos servicios públicos esenciales. Sólo así se podrá asegurar la intangibilidad de los depósitos, y que todo el crédito sea potestad del Estado para utilizarlo en la emergencia sanitaria y sus necesidades de producción y de consumo, con la puesta en marcha inmediata de planes como Argentina Construye o el más abarcativo presentado por las organizaciones sociales al presidente Fernández el 2 de junio a través de la UTEP.
Escribe Eugenio Gastiazoro
Hoy N° 1818 10/06/2020
