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27 de febrero de 2019

Los jubilados y pensionados son los más afectados por la inflación

Un genocidio silencioso

Los aumentos de medicamentos y alimentos superan ampliamente el aumento de los haberes y ello produce una caída abrupta en la indigencia de las personas mayores en la indigencia.

Los datos de 2018 mostraron que las jubilaciones, pensiones, AUH y demás prestaciones de la Seguridad Social tuvieron un incremento de 28,46% frente a una inflación del 47,6%. Una pérdida de 19,1 puntos en el año. Con relación a septiembre de 2017, por el cambio de fórmula con la que se “salteó” el primer aumento que debía aplicarse en enero de 2018, la pérdida fue de 30 puntos.

En el caso de los mayores, el impacto del deterioro de sus ingresos por la inflación es superior todavía, dado que ha sido mayor el aumento en los medicamentos esenciales, servicios y productos de consumo básico imprescindibles para su salud y subsistencia. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) detalla que el incremento de precios de los medicamentos desde 2015 fue de 244,33%, y “algunos medicamentos esenciales se incrementaron más del 540%”. En contraste, los haberes de los jubilados y pensionados tuvieron un aumento desde mayo 2015 a diciembre de 2018 de un 143,63% (perfil.com).

A los aumentos desproporcionados de los medicamentos que afecta en mayor medida a los mayores de 60 años, el CEPA suma el impacto negativo de los aumentos tarifarios de gas, luz y agua que perjudican a las personas mayores en particular y a su vez a las organizaciones que las nuclean, como los centros de jubilados y las federaciones. Según la Confederación General de jubilados, retirados, pensionados y adultos mayores del país, ya suman más de 1.000 centros de jubilados que tuvieron que cerrar sus puertas por no poder costear los aumentos también desproporcionados de esos servicios.
El impacto inflacionario de los medicamentos y tarifas no deja lugar para la compra de bienes de consumo básicos, cuyos precios son los que también aumentan más: para una persona mayor, el precio de la canasta básica de alimentos y servicios era ya para fines de 2018 de $26.0433, mientras que la jubilación mínima de $9.309,10 recién pasará en marzo $10.410,37, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasará de $7.447,28 a $8.328,29, y menores aún son los haberes de la mayoría de los pensionados. Por lo que el hambre y las enfermedades están matando de manera silenciosa en particular a miles de personas mayores de 60 años, que en nuestro país suman 6.983.377 de habitantes, de los cuales 43% son varones y 57% mujeres.

Para empeorar aún más esta situación de los mayores que cobran el haber mínimo y demás sectores que perciben asignaciones para protección social -en particular los niños por la AUH y demás asignaciones familiares, en cumplimiento del pacto de sumisión al FMI el gobierno macrista ha eliminado el 15% de devolución de IVA en las compras con tarjetas de débito de los mismos. Con lo que a la mayor recaudación de IVA que obtiene con el mayor aumento de los precios de los medicamentos, alimentos y tarifas, le quita también ese pequeño beneficio que era esa devolución limitada de IVA. Así se apropiarán de otros 3.141 millones de pesos, que es el monto de la partida que está asignada en la ley de Presupuesto 2019. ¡Qué miserables!

Para el CEPA: “los derechos humanos de los mayores son incumplidos de manera permanente y cada vez con mayor gravedad, dificultando cada día que pasa la satisfacción de las necesidades básicas y primarias, poniendo de manifiesto el incumplimiento de las obligaciones del Estado en este sentido”.

Hoy N° 1756 27/02/2019