Tambores de guerra
En un mundo convulsionado por grandes luchas, entre las que se destacan en los últimos días la huelga general en la India, las largas luchas en Francia y Chile, entre otras, sigue la conmoción por el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Esto tiene el trasfondo de la agudización de la disputa entre el imperialismo yanqui y el de Rusia –principal abastecedor de armas modernas a Irán– por el dominio de los distintos países de la estratégica región de Medio Oriente. Al tiempo que volaban los misiles sobre la disputada Irak –principal vecina de Irán–, el jerarca de Rusia, Putin, se apersonaba en la desmembrada Siria y en su vecina Turquía, reforzando su alianza con el dictador turco Erdogan para el control de los países allí disputados, incluyendo Libia en el norte de África. También se realizaron maniobras navales conjuntas de Irán con los imperialismos de Rusia y de China.
La acelerada disputa por el control de los países de Medio Oriente –parte de la disputa interimperialista por el dominio del mundo– tiene como uno de sus objetivos el manejo de sus riquezas petroleras. De ahí los subes y bajas del precio del petróleo al ritmo de los misiles que van y vienen, que aumenta la inestabilidad económica y política de todos los países del mundo. Inestabilidad que afecta incluso a Estados Unidos, pese a que el matón de Trump haya alardeado de que ya no necesitan petróleo del Medio Oriente, por el auge de la producción de shale en su país. Pero lo cierto es que todavía el crudo de Medio Oriente representa más de 10% de las importaciones estadounidenses.
En este contexto, se realizó en México la reunión cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que tiene la particularidad de reunir a todos los países de la región, más allá de los alineamientos parciales que expresan otros foros regionales, como el Grupo de Lima, el Prosur y la propia OEA.
Un mes de gobierno
En su primer mes de gestión, el presidente Alberto Fernández adoptó un conjunto de medidas orientadas a atender principalmente a los sectores más vulnerables, a reactivar el consumo y frenar la inflación. En su balance, el lunes 8 de enero destacó 18 medidas. Entre ellas, las de emergencia como el lanzamiento de la tarjeta alimentaria, la bonificación de $5.000 para jubilados de la mínima y de $2.000 por hijo para titulares de AUH, la baja de la tasa de interés en los créditos Anses y la suspensión del cobro de cuotas hasta marzo, el aumento salarial de $4.000 pesos para empleados privados y para estatales que cobren hasta $60 mil, la doble indemnización para despidos sin causa por 180 días, la reducción del 8 por ciento en el precio de los medicamentos, el congelamiento de las tarifas de gas y electricidad por 180 días, la suspensión de los aumentos en trenes y colectivos por 120 días y de los aumentos en peajes, la moratoria para condonar multas e intereses de deudas impositivas y de seguridad social para Pymes y el lanzamiento de Precios Cuidados con primeras marcas y más controles. A estas medidas agregó el restablecimiento de los ministerios de Salud, Ciencia y Tecnología, Trabajo y Cultura, la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el relanzamiento del Plan Nacional de Lecturas, la restitución del Protocolo de Aborto no Punible y la derogación del Protocolo de Uso de Armas de Fuego con fines represivos.
Si bien el presidente Fernández mencionó además la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, no hizo mención a otras medidas que se derivan de la misma y que se encuentran en curso, algunas de ellas heredadas del último ministro de Economía del macrismo Hernán Lacunza como las gestiones en el exterior para el reperfilamiento de esa parte de la deuda pública o el control de cambios reforzado con el recargo del 30% a la compra de moneda extranjera y a su uso por el turismo en el exterior. Por supuesto que hay temas que están condicionados a las negociaciones con el FMI y los tenedores de bonos residentes en el exterior, que el gobierno ha establecido como prioritarias antes de lanzar un plan que aborde en su integridad la reactivación productiva del país, lo mismo que el tema de la inflación. En tanto, el presidente Fernández ha presentado el plan «Argentina Hace», planeando invertir $9 mil millones de pesos en los próximos tres meses en obras de infraestructura que llevarán adelante cooperativas sociales en todo el país. En cuanto a la inflación, busca disminuirla con el freno a los aumentos de precios y tarifas y la rebaja de las tasas de interés por el Banco Central.
El gobierno busca una “salida intermedia” entre la plegaria de Juan Carlos Pugliese en épocas de Alfonsín a los grandes empresarios (“les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo”) y un mecanismo de controles de los precios que se terminan desbordando por la inflación.
Un debate federal
También está en debate el tema de la coparticipación de los impuestos por las provincias, centrado en este momento en la definición de cuánto será el recorte del dinero coparticipable que recibe la Ciudad de Buenos Aires, que en enero de 2016 había sido aumentada en un 168% a través de un decreto por el presidente Mauricio Macri. El argumento fue que la administración porteña debía hacerse cargo de la nueva Policía de la Ciudad, como si el traspaso de la Policía Federal implicaría más del doble del gasto total que hasta entonces tenía la Ciudad. De esa forma, Macri amplió de 1,4% a 3,75% el porcentaje que le correspondía a la ciudad de Buenos Aires, y luego por el Pacto Fiscal ese porcentaje bajó a 3,5%. El recorte ahora propuesto es del 1% –lo que significaría unos $30 mil millones, a ser repartido entre las provincias–, con lo que la coparticipación de la Ciudad quedaría en 2,5%, un 1,1% más que el anterior 1,4%, que sobrepasa holgadamente los mayores gastos en Seguridad.
Los sectores más recalcitrantes del PRO critican por “política” a la medida, como si el decreto de Macri de 2016 no hubiera tenido claramente ese carácter y era totalmente desmedido a costa de lo que corresponde a las provincias. Argumentan que el territorio porteño “es el distrito que más aporta a los impuestos coparticipables y el que menos recibe por habitante. En nuestras escuelas y hospitales estudian y se atienden argentinos de todas las provincias”. Aunque esto último sea verdad, también es cierto que los mayores aportes de esos impuestos corresponden a grandes empresas y grupos monopólicos que realizan sus actividades en las distintas provincias, pero tienen su domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires por lo que rinden sus aportes aquí. En la semana que pasó, el gobierno bonaerense logró aprobar la ley impositiva, pero con cambios que tuvo que negociar con la oposición de Juntos por el Cambio.
Con la guía de la necesaria revolución
En la complicada situación internacional y nacional que vivimos, seguimos peleando para que paguen la crisis los que se enriquecieron con la política macrista, a la cabeza de la lucha por las necesidades de las masas en unidad con las fuerzas que integramos el Frente de Todos. Impulsamos movilizaciones de solidaridad con la heroica resistencia de los pueblos de Bolivia, Chile, Colombia, Haití, contra las oligarquías proimperialistas de cada uno de esos países. En este camino venimos peleando fortalecer y ampliar las fuerzas del PCR y la JCR. También trabajamos por el crecimiento de su instrumento legal el PTP, y de la CCC, la FNC, la CEPA, el MUS y demás organizaciones de frente único de masas que desarrollamos en las luchas de los trabajadores, los campesinos, los estudiantes y todos los sectores populares, patrióticos y democráticos.
Para avanzar es fundamental jerarquizar la labor del Partido entre las masas, para incidir en el gran debate político que está en toda la sociedad argentina, acumulando fuerzas con el objetivo de ganarlas para el camino de la revolución de liberación nacional y social, única que puede acabar las lacras del latifundio y la penetración de los distintos imperialismos que hoy nos condenan al atraso y la dependencia.
Escribe Eugenio Gastiazoro
