La Asamblea, a partir de asesores y especialistas de celulosa, elaboró una propuesta de monitoreo conjunto para recabar pruebas concretas de contaminación para presentar ante la justicia. No hubo respuesta a ese planteo que nosotros le hicimos a Cancillería.
Los puntos que lee Timerman, hablan de un monitoreo conjunto, que en realidad no es conjunto. Entendemos que es un acuerdo político que no apunta a resolver el conflicto. Hay cuatro o cinco puntos que no priorizan el reclamo de la Asamblea, y hasta pareciera que está hecho para que Botnia siga y no para que se vaya.
El tema central es que no es continuo el monitoreo. Argentina y Uruguay pueden ingresar 12 veces al año (una vez al mes), a Botnia o a cualquier establecimiento. Es decir, ni siquiera son 12 ingresos a Botnia. Tampoco queda claro quién ingresa, si son técnicos uruguayos o argentinos. Porque el texto habla de que a Argentina le correspondería el lado izquierdo del río, y a Uruguay el lado derecho.
El acuerdo le propone a Uruguay que pueda monitorear cualquier tipo de emprendimiento argentino sobre el río Uruguay, con lo cual van a terminar planteando que cualquier empresa que produzca, produce contaminación como Botnia.
03 de octubre de 2010
