La semana pasada, el Ministerio de Economía de la nación presentó en el Congreso el proyecto de ley de presupuesto para el año que viene. En el mismo se destinan 146.672,8 millones de pesos (equivalente a 36.61,65 millones de dólares) para el pago de la deuda pública. Esta cifra significa casi el 40% del total de lo presupuestado (407.768,5 millones de pesos), y representa 7 veces más de lo asignado a Educación, y 20 veces lo imputado a Salud.
Una parte de esa cifra surge de lo asignado al pago (“aplicaciones financieras”) de amortización del capital de la deuda pública por 112.290,8 millones de pesos (27.388 millones de dólares), y el resto se destinará al pago de intereses de deuda por $36.382 millones (8.873,65 millones de dólares). Esta última cifra para el pago de intereses supera en más del 20% la correspondiente a 2010, que es de 30.333 millones de pesos. Lo que pone al desnudo la falacia del llamado des- endeudamiento, cuestión que también surge de lo informado por el propio Ministerio de Economía, que prevé un nuevo endeudamiento público para el 2011 del orden de los 151.051 millones de pesos (36.841,70 millones de dólares).
Es decir que en el altar de la deuda pública, de su refinanciación y el pago de los intereses, se continúan sacrificando las prioridades internas, como son educación, salud, vivienda, etc. Así el proyecto legislativo establece fondos por sólo 19.961 millones de pesos para Educación, es decir 7 veces menos que lo destinado a deuda, un raquítico 4,89% del presupuesto 2011, y para Salud apenas 7.390,7 millones de pesos, es decir, 20 veces menos de lo asignado a deuda, lo que representa tan sólo el 1,8% del presupuesto nacional.
Además, el gobierno miente al presentar las cifras. Así en educación, el Ministerio de Economía informa un crecimiento de 13,8% respecto al 2010. Sin embargo ese porcentaje, aún menor que la inflación, no se hace sobre lo presupuestado para este año que fue de 19.431 millones de pesos, sino sobre lo ejecutado: tan sólo 17.537,5 millones, por las reasignaciones de fondos que hizo el gobierno para otros fines. Si consideramos la inflación real, la educación nacional se desfinancia un 22%, en la comparación entre las cifras presupuestadas para 2010 y 2011.
Algo peor pasa en salud, donde el proyecto de ley de presupuesto anuncia que lo adjudicado (7.390 millones de pesos) creció un 14,7% con respecto a 2010. Sin embargo, en la ley de presupuesto de 2010 (Ley 26.546) la cifra prevista para salud era de 10.160 millones de pesos. Es decir, este año lo asignado a salud es un 27% menos, en términos nominales, que lo presupuestado para 2010. ¿Por qué el gobierno sostiene que el año que viene el presupuesto de salud crece un 14,7%? Sencillamente, porque toma lo que efectivamente se destinará este año a salud, es decir, lo que ha quedado luego de las reasignaciones presupuestarias en el marco de los “superpoderes”. En el 2010, sólo se destinó realmente $6.445,3 millones. Es decir, el Ejecutivo sólo gastó el 63% de lo estimado inicialmente; le quitó el 37%. En definitiva, si se considera una inflación real del 22%, salud tendrá una merma presupuestaria del 40,3%.
A esto hay que agregar que en el altar de la deuda pública, además de las prestaciones básicas como la educación, la salud y los salarios de todos los trabajadores, también se sacrifica en el Presupuesto a todos nuestros mayores, ya que parte del déficit operativo del Tesoro se “cubre” con un superávit de 21.530 millones de pesos de la Anses, que se obtiene a costa de mantener las jubilaciones y pensiones de hambre, y sin contabilizar la deuda que se acumula por los centenares de miles de juicios por actualización de haberes.
02 de octubre de 2010
