Así de un total de ingresos tributarios de 264.688,4 millones de pesos que se espera recaudar en 2010, más de un tercio, 97.409,9 millones corresponden al IVA Neto de Reintegros (36,8%), 43.116,7 millones a los derechos de exportación (16,3%) y 23.546,7 millones a los créditos y débitos bancarios (8,9%). En cambio, de la imposición a Ganancias sólo se espera obtener 59.030,2 millones (22,2%) y apenas 4.220,6 millones de bienes personales (1,6%).
Un “modelo” unitario
Este modelo tributario resulta en una distribución regresiva de los ingresos en desmedro de las provincias, pues no son coparticipables los impuestos al comercio exterior y lo que se coparticipa del impuesto al cheque es ínfimo. Además se mantiene la quita del 15% previa al reparto de los ingresos por IVA y Ganancias, que impuso el menemismo por el faltante al Anses que provocó la privatización de las jubilaciones. “Modelo” que se mantiene con la pasividad de los diputados, senadores y gobernadores oficialistas, que, en lugar de aprovechar el debate del presupuesto para intentar definir un reparto más equitativo de los recursos, prefieren no enfrentarse con el Gobierno.
A cambio de no reclamar más fondos, el Poder Ejecutivo les “concede” a los gobernadores la posibilidad de renegociar las deudas provinciales con la Nación. Así está incluido en los artículos 73 y 74 del proyecto de ley de presupuesto 2010 (pero sólo como una promesa). Además les “otorgó” la suspensión, por este y el próximo año, de la ley de responsabilidad fiscal, por la cual liberará no sólo a las provincias, sino también a la Nación, de las restricciones que ésta impone en materia de gasto público y en- deudamiento.
Ni los legisladores ni los gobernadores oficialistas han forzado modificaciones que mejoren el reparto de recursos con las provincias. Se han conformado con que se suspendan los límites para gastar y endeudarse. Una renuncia al federalismo casi suicida. Las necesidades de financiamiento de las provincias son, para el año que viene, del orden de los 14.000 millones de pesos. Esas provincias le aportan a la Anses 12.000 millones. La Anses se jacta de un superávit de 15.000 millones.
Según un informe de la consultora Economía & Regiones, las provincias recibirán en conjunto poco más del 30 por ciento de la recaudación total del año próximo, es decir, cuatro puntos menos que lo que les correspondería por ley. En total (incluyendo los recursos del Fedei, Energía Eléctrica y Fonavi) las provincias percibirían unos 82.029 millones de pesos, es decir, menos del 31 por ciento del total estimado en 264.688,4 millones.
Una distribución también socialmente regresiva
Además de concentrar en sus manos casi el 70% de los recursos tributarios, ahogando a las provincias en el cumplimiento de servicios básicos como la salud y la educación, lo que el gobierno nacional dedica a estos rubros es irrisorio. Sobre el total de gastos presupuestados de 273.129,4 millones de pesos, educación (que incluye las universidades nacionales) sólo recibirá 15.612,7 millones (apenas un 5,7%, que queda reducido en 0,2% en relación al año pasado por la inflación), y ni qué decir de salud que se reduce a 5.665,3 millones (2,1%, no sólo por la inflación sino incluso en pesos nominales).
Aún si sumamos lo que se dedica a ciencia, tecnología e innovación productiva, que se mantiene en un escaso 0,8% (2.115,7 millones), no se llega al total asignado al pago del servicio de la deuda pública que se sigue llevando casi un 10%: 26.575,5 millones (9,7%). También lo que se destina a desarrollo social es apenas la mitad de esta última cifra: 14.393,3 millones (5,3%) y algo menos lo destinado a justicia, seguridad y derechos humanos: 13.262,0 millones (4,9%). Cifras todas también muy inferiores a la llamada “caja chica” (la cuenta obligaciones a cargo del Tesoro, que se maneja a total discreción): 18.972,1 millones (6,9%).
Como de todas maneras el gobierno no está seguro de cerrar las cuentas, aun apelando como hasta ahora a los fondos de la Anses, Banco Nación, Banco Central y PAMI, el artículo 79 del proyecto de ley de presupuesto para 2010 modifica la norma 24.156 de administración financiera de 1992 y autoriza a la actual administración a abonar gastos del próximo presupuesto “con cargo a los recursos que se perciban en el ejercicio siguiente”, o sea, con fondos por ser recaudados durante 2011. No determina montos ni plazos para el pago de esas obligaciones. Este polémico artículo se suma a otra modificación de la ley de administración financiera, que permite computar los gastos de obras de infraestructura plurianuales al año de finalización de esos trabajos. Con estas dos medidas se termina dibujando el presupuesto con un superávit que no es tal. Por otro lado, se mantienen los superpoderes, es decir que el jefe de Gabinete podrá manejar a su total arbitrio las partidas presupuestarias: el kirchnerismo decidió posponer el proyecto que limita su uso al 5%.
