Tras una larga jornada de espera por parte de compañeros de militancia, trabajadores y organizaciones solidarias, se conocieron el viernes 19 las sentencias en el juicio por el asesinato del joven militante del PO, Mariano Ferreyra.
Tras una larga jornada de espera por parte de compañeros de militancia, trabajadores y organizaciones solidarias, se conocieron el viernes 19 las sentencias en el juicio por el asesinato del joven militante del PO, Mariano Ferreyra.
José Pedraza, ex titular de la Unión Ferroviaria recibió una condena de 15 años de cárcel, al igual que Juan Carlos “Gallego” Fernández, secretario administrativo de la Unión Ferroviaria (UF). Cristian “Harry” Favale y Gabriel “Payaso” Sánchez, acusados de autores materiales del crimen, recibieron 18 años cada uno, lo mismo que Pablo Díaz, quien tenía a cargo reclutar la patota. Hubo condenas de 10 años a dos policías, y menores a otros efectivos, así como a integrantes de la patota. El Tribunal Oral Criminal 21 de la Capital Federal desoyó así los reclamos tanto de la Fiscalía como de las querellas, que reclamaban perpetua para Pedraza y sus cómplices, y penas mayores a los policías.
El hecho de que por primera vez un jerarca sindical pague con prisión efectiva un crimen hacia un militante popular, y que se revele la trama de complicidad entre el gobierno nacional, los dirigentes de la Unión Ferroviaria y los empresarios a cargo de las concesiones de los ferrocarriles, sólo ha sido posible por la intensa movilización popular, desde el mismo 20 de octubre de 2010, cuando se produjo el crimen, que además dejó dos heridos graves de bala.
Como dijo Rubén “Pollo” Sobrero, en las afueras de Comodoro Py, “Las condenas no fueron lo que nosotros queríamos, pero son un primer paso”. Esta condena obliga a redoblar la lucha, para que sean enjuiciados los responsables políticos y los empresarios vinculados a esta mafia responsable de la destrucción del sistema ferroviario (Jaime, Schiavi, Luna, los Cirigliano, entre otros), y para cambiar esta política de transportes, que permite que sigan los negociados, y que avala a los jerarcas sindicales que continúan controlando el gremio.
