El acampe que duró dos semanas en la céntrica Plaza Pringles de Rosario, y que incluyó marchas, piquetes, cortes de ruta y otras medidas, se levantó el jueves 30 de septiembre.
Previamente, hubo una reunión con representantes de la Casa Gris (gobernación) y del Palacio de los Leones (Municipalidad de Rosario). En el cónclave, del que actuó como “facilitador” el titular del Colegio de Abogados de Rosario, Ignacio Del Vecchio, se puso sobre la mesa la propuesta: extensión de los plazos de empleo a 600 trabajadores –que hacen tareas de zanjeo y desmalezamiento– hasta fin de año, aumentos en los montos de los planes y una asignación extra de 3.000 kgs. de alimentos por mes a la organización.
“Lo más importante –continúa Eduardo– es la incorporación de 300 compañeros (incluyendo a 50 mujeres) en las obras de vivienda que lleva adelante el Estado mediante el Plan Federal de Viviendas. Con la lucha conquistamos trabajo genuino”.
Alrededor de esta lucha, la de los trabajadores de Paraná Metal, y los despedidos de Sancor giró la política santafesina de las últimas dos semanas.
“El triunfo político lo constituye el hecho que todas las partes hacen centro en la discriminación que sufre Santa Fe por parte de la Nación con respecto a los planes Argentina Trabaja, como bien dijo el gobernador” Hermes Binner, graficó Delmonte.
Precisamente el más alto mandatario de la provincia había afirmado la semana pasada que “Los desocupados de la CCC tienen razón en sus reclamos; con qué cara voy a pedir el desalojo cuando hay hambre y los camiones de soja pasan por al lado de ellos con destino a la India, con destino a China ¿Y para Argentina cuándo?”, afirmando que la Nación discriminaba a la Provincia en la asignación de planes.
Binner se diferenció así de los funcionarios de la Municipalidad de Rosario que planteaban la criminalización de la protesta. Esto abrió un debate en el propio seno del Partido Socialista que gobierna Santa Fe.
Se volvió a poner el centro en el hambre
El presidente del Colegio de Abogados de Rosario dijo que “Escuchamos a las dos partes y propusimos que, habida cuenta que ambas partes querían solucionar, nuclear a las asociaciones intermedias y trasladar el reclamo al gobierno nacional para exigir que el plan Argentina Trabaja llegue no sólo a la CCC sino a todas las entidades sociales que lo precisen”. El letrado invitará así al Foro Regional Rosario y al Arzobispado de Rosario, entre otras entidades, a sumarse al pedido que se elevará al gobierno nacional. Pero en rigor, éste ya fue hecho: el gobernador Binner envió una carta a la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, en la que le transmite su “preocupación” por “el reclamo de diversas organizaciones sociales, principalmente en la ciudad de Rosario, cuyas soluciones exceden a la órbita del gobierno provincial”.
Binner explica en su corta misiva que el reclamo gira puntualmente “en torno a la problemática por la no aplicación del programa Argentina Trabaja” de cooperativas para desocupados. Recuerda también que el programa fue “solicitado en reiteradas oportunidades”, tanto a través de los canales oficiales como “en forma personal” por el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Pablo Farías, y el subsecretario de Ingresos Sociales, Aldo Marconetto. La misiva concluye con un pedido de audiencia a la repartición nacional “para trabajar sobre estos temas”.
“La realidad social que viven muchos conciudadanos amerita que desde el gobierno nacional y provincial aunemos los esfuerzos necesarios para arribar a una pronta solución”, concluye el mandatario provincial.
“La lucha creó condiciones para la definición del gobierno provincial en cuanto a la discriminación que sufrimos y en torno al repudio a la criminalización de la protesta social, además de admitir que en Rosario hay desocupación y hambre” dice Eduardo Delmonte.
Concluyendo que “Se volvió a poner en el centro el hambre; además de alumbrar que los acampes son una herramienta valiosa para la lucha, como aprendimos de la experiencia de La Matanza, con luchas largas, duras y prolongadas”.
