1. Cristina se autoincrimina
Se ha agravado la crisis política abierta por la decisión de la presidenta Cristina Kirchner de usar las reservas del Banco Central para pagar la deuda y, posteriormente, de desplazar a Martín Redrado de la presidencia de la entidad. En una intempestiva conferencia de prensa la Presidenta anunció que suspendía el viaje de 10 días a China que tenía previsto hacer a fin del mes. No reconoció que lo hacía por la debilidad política en que se encuentra. Tampoco mencionó los “problemas” serios surgidos en la relación Argentino-China: el juez Aráoz de Lamadrid llegó a pedir a INTERPOL la captura del secretario del PC Chino, Hu Jintao, en una causa impulsada por la secta Falung Gong; y luego levantó ese pedido y renunció (Agencia Reuters, Pekín, 19/1). Cristina K puso como responsable de su decisión al vicepresidente Julio Cobos, quien hubiera asumido la presidencia en su ausencia, tal como ya lo había hecho otras veces, pese a lo cual no dejó de viajar.
En la misma conferencia de prensa la Presidenta reconoció que había incumplido con el trámite necesario para la remoción de Redrado, al dar instrucciones para que el Congreso forme la Comisión bicameral que debería haber tratado el tema antes de tomar la decisión. Pero no anuló el decreto, y reiteró que no llamará a sesiones extraordinarias para que el Congreso discuta los controvertidos decretos (y otras urgencias gana la calle). Así, la “necesidad y urgencia” de estos decretos quedaría en un cono de sombra hasta marzo, tras la ratificación por la Justicia de la medida cautelar que frenó el manotazo a las reservas del Banco Central.
En tanto, la presidenta, para que no queden dudas a los usureros de que ella, sobre todo, es leal a su clase, insistió: “El canje marcha viento en popa. Si la economía no crece, no se desarrolla, si no generamos más riqueza, más exportaciones, más empleo, no podemos hacernos cargo de la deuda”. Todavía hay quienes piensan que puede ser el objetivo de un gobierno “nacional y popular” hacernos cargo de una deuda ilegítima, fraudulenta y usuraria. Como dijo Alejandro Olmos, “O se está al servicio del país en contra de la deuda externa, o se está al servicio de la deuda externa en contra del país”.
2. Fractura y realineamientos
La crisis desatada por el mamarracho kirchnerista muestra un ahondamiento en la fractura del bloque hegemónico en las clases dominantes y, a su vez, ha producido un nuevo realineamiento de fuerzas en torno al debate sobre el uso de las reservas monetarias del país y el pago o no pago de la deuda ilegítima y fraudulenta.
El decreto llamado pomposamente Fondo del Bicentenario, fue hecho a la medida de un sector particular de los usureros. Hay 2.187 millones de dólares de vencimientos con los llamados organismos multilaterales, pero el grueso de los 6.569 millones afectados al Fondo, 4.382 millones de dólares, se destinan “a vencimientos con tenedores privados” (Art. 3° del DNU). Y ¿de qué vencimientos se trata? Principalmente de los bonos del canje de 2005, que en gran parte tienen los bancos amigos del kirchnerismo como los que manejan Brito, Esquenazi, Heller y compañía. De ahí que supuestos críticos de la deuda, como Heller y Sabatella, le busquen el lado supuestamente “nacional y popular” al Fondo del Bicentenario.
Este destino “a medida” de gran parte de los fondos sería la razón por la que un sector de los yanquis (y fuerzas de buenas relaciones con ellos) se oponen al Fondo del Bicentenario. Otros sectores de las derechas son críticos de las formas que usa el gobierno K: los DNU; pero coinciden en lo fundamental con el kirchnerismo: hay que pagar la deuda con los ojos cerrados a su origen ilícito, fraudulento, usurario y odioso.
3. Se puede suspender el pago
La experiencia del default declarado a fines del 2001 muestra que es posible la suspensión unilateral de los pagos. También los yanquis decidieron no pagar la deuda de Irak cuando invadieron ese país. No pagar esa deuda ilícita es necesario para salir de la crisis. Sin dudas, el dejar de pagar en 2002-2003 fue lo que permitió que existieran internamente los recursos para iniciar la recuperación de la economía de esos años.
No es cierto lo que dijo Cristina K: “No se puede hablar de deuda legítima e ilegítima (…) por que la avaló el primer gobierno democrático. Como ya dijo Alejandro Olmos, que el gobierno de Alfonsín y los posteriores, no hayan cuestionado esa deuda, y hayan apelado a sucesivas renegociaciones para irla pagando en cuotas, no impide que se investigue ahora. Como se hizo con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, o como acaba de hacerlo Ecuador exitosamente.
Ahora los Kirchner –como hicieron cuando quedaron trabados en su intención de imponer las retenciones móviles a la producción agraria (la famosa 125)–, quieren hacernos creer que pagando la deuda con las reservas se van a liberar fondos para resolver las necesidades populares. El propio consorte presidencial ya está haciéndole el verso a los intendentes en Olivos, para que lo apoyen, con la promesa de nuevas obras. Cuando en realidad, si se utilizan esos fondos para pagar deuda, no van a quedar disponibles para su uso en otras cuestiones. Sólo Kirchner, y sus incondicionales como Heller, son capaces de prometer el milagro de que pagando la deuda vamos a aumentar la cantidad de plata disponible para el bienestar del pueblo.
Ya vemos lo que viene pasando con los fondos de las jubilaciones y pensiones que se usan para préstamos a los monopolios imperialistas (como General Motors), o directamente para los gastos del gobierno, manteniendo los haberes de hambre para los verdaderos dueños de esos fondos. Lo mismo que pasa con los fondos de las provincias para los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y cuanta “caja” cae en sus manos.
Los 48 mil millones de dólares de reservas en el Banco Central demuestran que no necesitamos nuevos endeudamientos, que existen recursos en la Argentina. El problema es su utilización. En vez de usarlas para pagar a los usureros tenedores de bonos, de afuera y de adentro (Brito, Ezquenazi, Heller, etc.), hay que utilizarlas para el bienestar del pueblo y el desarrollo de la producción nacional, garantizando así que los millones de argentinos hoy castigados por la política kirchnerista, puedan acceder al trabajo, la tierra y un techo, con alimentación, educación, salud y deportes acordes a sus necesidades.
La heroica lucha de los jubilados y pensionados ha puesto al desnudo el robo de los fondos del Anses y del PAMI, así como la de los desocupados muestra toda la discriminación del manejo kirchnerista en el plan llamado “Argentina trabaja”. Siguiendo este camino de lucha, y el de los trabajadores de Terrabusi, la clase obrera debe ponerse al frente del reclamo popular y patriótico del no pago de la deuda ilegítima y fraudulenta, como se manifestó en la marcha del 22 de enero en la Capital Federal, impulsada por un amplio acuerdo multisectorial popular y patriótico.
