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30 de agosto de 2017

Una ley que no resuelve

Alquilar en Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Conseguir vivienda hoy en Buenos Aires es una odisea que termina y depende de los medios económicos y legales que uno cuente para cerrar la operación. Esto es: demostración de ingresos con recibos de sueldo que tripliquen –y en algunos casos cuadripliquen- el valor del mes de alquiler, garantía propietaria en algunos casos extremos: garantía propietaria en Capital Federal de familiar directo. 

Conseguir vivienda hoy en Buenos Aires es una odisea que termina y depende de los medios económicos y legales que uno cuente para cerrar la operación. Esto es: demostración de ingresos con recibos de sueldo que tripliquen –y en algunos casos cuadripliquen- el valor del mes de alquiler, garantía propietaria en algunos casos extremos: garantía propietaria en Capital Federal de familiar directo. 
A esto hay que sumarle los costos: mes del alquiler entrante que, en un dos ambientes puede arrancar en los 6.000 pesos mensuales -dependiendo de los metros cuadrados, zona, accesibilidad a medios de transporte, luz- y terminar en los precios más ridículos que impone el mercado inmobiliario. Como si esto fuera poco, hay que sumarle el mes de depósito: esto es el valor del último mes de contrato. Y en el medio, como si faltara algo, te obligan a pagar una sucesión de aumentos semestrales que van del 12% al 20%. Y una cosita más: el 4,15% del total de los meses de contrato, la famosa comisión a la inmobiliaria…
La semana pasada, la Legislatura porteña aprobó la modificación de ley que vienen empujando los inquilinos organizados, para que la comisión por el contrato, el 4,15% que cobran las inmobiliarias, lo pague el propietario de la vivienda, en lugar del inquilino. 
La reglamentación, además, contempla que la averiguación de antecedentes y de garantías que venía pagando el inquilino la pague el dueño. Para que esta ley se implemente, el Gobierno de la Ciudad dispondrá de un dispositivo que asesorará a inquilinos y propietarios, y será supervisado por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y la Defensoría del Pueblo.
Todo muy bien hasta ahí. La pregunta que nos hacemos es ¿Cómo el Gobierno de la Ciudad regulará y pondrá freno a la especulación inmobiliaria que más que seguro trasladará el valor de esta comisión al pago mensual del alquiler, y que en definitiva terminará pagando el inquilino? ¿La solución será la misma que implementó el gobierno con las garantías de alquiler del Gobierno de la Ciudad para aquellas parejas que querían alquilar por primera vez pero que a quienes pudieron hacerlo así sólo pudimos conocerlos por foto? 
Hasta ahora, las medidas del gobierno en lo que respecta a vivienda no solucionan la problemática de fondo, sino que la profundizan. Porque no han sido capaces de regular el aumento desmesurado que los propietarios e inmobiliarias aplican unilateralmente al precio del alquiler, que siempre va atado a la inflación, y que hasta anticipadamente, de manera de  garantizar su rentabilidad, ejecutan sobre el inquilino. 
El Gobierno de la Ciudad ha sido cómplice y es parte de este negociado de construcción de edificios -muchos de ellos ociosos por la inaccesibilidad- creando esta burbuja inmobiliaria que beneficia a sus amigas empresas constructoras.
Según datos oficiales, en Buenos Aires hay 400.000 familias que alquilan, y una capacidad de 120.000 viviendas vacías, en una ciudad que cuenta con un déficit habitacional de 130.000 hogares. Una medida en serio sería una reforma urbana que habilite la accesibilidad a la vivienda única, con préstamos accesibles para quien quiera pagarla. No una reforma que en definitiva terminará, de un modo u otro, pagando el laburante.