En la noche del 22/9, el gobierno del Frente Amplio, en contra de la opinión de la jueza actuante y a través del Ministerio del Interior, apoyado en un decreto del gobierno de Mujica, decide el desalojo, por la Guardia Republicana de la Policía, de decenas de estudiantes de secundaria que desde hacía varios días ocupaban las oficinas del Codicen (Consejo de la Educación).
En la noche del 22/9, el gobierno del Frente Amplio, en contra de la opinión de la jueza actuante y a través del Ministerio del Interior, apoyado en un decreto del gobierno de Mujica, decide el desalojo, por la Guardia Republicana de la Policía, de decenas de estudiantes de secundaria que desde hacía varios días ocupaban las oficinas del Codicen (Consejo de la Educación).
Esta ocupación enfrentó la intransigencia del gobierno del oportunismo, como parte de una justa lucha por presupuesto para la educación luego de dos meses de huelgas y grandes movilizaciones y sacrificios, donde incluso se derrotó el decreto de esencialidad.
El desalojo se continuó con una brutal represión de militantes y familiares que enterados del hecho acudieron a solidarizase con los estudiantes, hubo doce compañeros detenidos en ese momento, que en principio fueron liberados, luego de maltratos de todo tipo, quedando muchos con lesiones de importancia.
Luego de estos hechos, 9 militantes (hasta el momento) son citados a la Justicia a través de procedimientos irregulares, muchos de ellos sin presentar orden judicial, y en algunos casos, incluso con seguimientos y un estilo que recuerda la época dictadura militar fascista.
La justicia los termina procesando por atentado agravado, con una pena a prestar 200 horas de trabajo comunitario, con una clara intención de criminalizar la protesta social y de amedrentamiento, ante el ascenso de las luchas contra el ajuste fiscal que plantea el Presupuesto Quinquenal y por aumentos de salarios, en medio de una crisis que avanza cada día.
