Las acciones judiciales contra la empresa estatal son una re-presalia por la decisión del gobierno de Chávez de nacionalizar las reservas petroleras de la Faja del Orinoco el 1º de mayo de 2007, poniendo fin a convenios lesivos para la soberanía nacional.
Pretextando desacuerdo con la compensación ofrecida por Venezuela, la Exxon acudió al arbitraje internacional y logró que tribunales de Estados Unidos, Inglaterra y Holanda congelaran activos de PDVSA en todo el mundo por 12.000 millones de dólares.
La Exxon pudo recurrir al arbitraje del CIADI (Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones, organismo del Banco Mundial) porque los gobiernos entreguistas anteriores a la era chavista –cuando se alternaban los partidos Adeco y Copei– permitieron que las decisiones soberanas del Estado sean sometidas a arbitraje en tribunales internacionales donde las potencias imperialistas llevan la voz cantante.
Embate yanqui contra Venezuela
La mafia bushista respaldó, impulsó y orquestó una campaña mundial en apoyo a la demanda de la Exxon contra PDVSA. En respuesta, la petrolera venezolana suspendió las relaciones comerciales y el suministro de crudo y productos a la ExxonMobil.
Países del tercer mundo como el vecino Ecuador y los países árabes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) dieron su apoyo a Venezuela contra la ofensiva de la Exxon.
El presidente de PDVSA y ministro de Energía y Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez, dijo que la acción emprendida por la Exxon es “una acción de guerra económica” contra Venezuela. Enfatizó que no se trata de una “disputa comercial” entre dos empresas, sino de un tema de soberanía. “Hemos llamado a movilizar a nuestro pueblo, trabajadores, a todas nuestras instituciones porque vamos a dar una batalla como hemos dado en el pasado, desde que asumimos el control de nuestros recursos estratégicos”, dijo.
“Si nos hacen daño, nosotros les vamos a hacer daño. No les vamos a pasar petróleo a los Estados Unidos”, proclamó Chávez. Y remarcó una de esas simples verdades que en el gobierno de Kirchner no se escuchan: “Bandidos de la ExxonMobil, ladrones de cuello blanco, corruptores de gobiernos, derrocadores de gobiernos, apoyaron la invasión a Irak… Es una de las empresas punta de lanza del imperialismo [de Estados Unidos]”.
Qué está en juego
En la primera etapa de nacionalizaciones (2005-2006), Venezuela reformuló los contratos con cerca de 30 compañías, conformando em-presas mixtas: el Estado venezolano se reservó el control de la actividad petrolera a través de la participación mayoritaria de PDVSA; las empresas privadas tienen que pagar, al igual que PDVSA, un 33,3% de regalía y un 50% de impuesto sobre la renta, y quedan sometidas a las regulaciones del Ministerio.
La segunda etapa comenzó con el decreto del 27 de febrero de 2007: todos los proyectos llamados “asociaciones estratégicas” debieron convertirse también en empresas mixtas. De las 10 compañías que estaban en esa situación sólo dos, las yanquis Conoco-Phillips y ExxonMobil, acudieron al arbitraje del CIADI.
Lo que está en juego es el derecho de los países a la propiedad sobre sus recursos naturales, un derecho cuya defensa y reconocimiento costó sangre a las naciones oprimidas frente a la prepotencia de todos los imperialismos, que siempre trataron y tratan de imponer el derecho de “sus” monopolios a expoliar esos recursos dondequiera que estén y de salvaguardar a hierro y fuego la “seguridad jurídica” de esa explotación.
Las grandes revoluciones dirigidas por el proletariado –Rusia, China, Cuba– y algunos importantes procesos reformistas encabezados por la burguesía nacional como el México de Cárdenas en los años ’30, la Argentina de Perón en los ’40, el Perú de Velazco Alvarado en los ’60 o el Chile de Allende en los ’70, pudieron recuperar en todo o en parte el manejo de sus servicios esenciales y de sus recursos naturales expropiando todas o algunas de las empresas imperialistas que saquean esos recursos obteniendo todo tipo de privilegios. Para eso, ejerciendo su derecho soberano, esos gobiernos debieron quebrar el pretendido “derecho” de propiedad imperialista: en algunos casos revolucionariamente y sin ningún tipo de indemnización, y en otros mediante negociaciones, pero siempre, en esencia, desconociendo y desmontando la “legalidad” que esos intereses y sus socios internos habían erigido en su favor.
Algo que, en el país extranjerizado y saqueado que nos legó el menemismo, el neodesarrollismo kirchnerista ni sueña en hacer.
