El golpista y asesino Jorge Rafael Videla acaba de reconocer que “eran siete mil u ocho mil las personas que debían morir para ganar la guerra contra la subversión”. Estas declaraciones son parte de un libro que está próximo a aparecer, Disposición final, de Ceferino Reato. Videla, además, relata que estos asesinatos estuvieron planificados antes de dar el golpe, insistiendo en su tesis de una “guerra”.
El golpista y asesino Jorge Rafael Videla acaba de reconocer que “eran siete mil u ocho mil las personas que debían morir para ganar la guerra contra la subversión”. Estas declaraciones son parte de un libro que está próximo a aparecer, Disposición final, de Ceferino Reato. Videla, además, relata que estos asesinatos estuvieron planificados antes de dar el golpe, insistiendo en su tesis de una “guerra”.
Estas declaraciones, en las que dice que los cadáveres fueron eliminados “para no provocar protestas dentro y fuera del país”, y que “hubo niños sustraídos”, no hacen más que confirmar que la represión dictatorial fue un terrorismo de Estado, planificado. Un genocidio.
Estas infamias de Videla muestran la justeza del reclamo de las organizaciones nucleadas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, reiteradas este 24 de marzo en las multitudinarias marchas a Plaza de Mayo y en todo el país.
Como plantea el documento del EMVJ “la impunidad de la dictadura de ninguna manera ha llegado a su fin. Luchamos por que se realicen juicios contra todos los genocidas que actuaron en cada campo de concentración, y por todos los delitos que cometieron contra todos nuestros compañeros”.
Los dichos del dictador comprueban que el camino jurídico elegido por el gobierno, en los hechos favorece el punto final biológico, porque “las causas siguen siendo en su inmensa mayoría fragmentadas, parcializadas, y funcionales a ocultar la magnitud del genocidio. A este ritmo serán necesarios por lo menos 50 años para terminar de juzgar a los represores que ya están procesados”, dice el EMVJ.
La entrevista mostró las condiciones de detención en Campo de Mayo. ¿Por qué el Estado nacional mantiene para estos genocidas el privilegio de estar presos en unidades militares, y no en una cárcel común? Esta es una de las preguntas que el gobierno de Cristina Fernández se niega a contestar. De igual manera, este gobierno mantiene la negativa a la apertura de todos los archivos de la dictadura, un instrumento clave para conocer, no sólo el destino de los 30.000 detenidos desaparecidos, la cadena de responsabilidades, sino que permitiría avanzar en la restitución de identidad de cerca de 400 hijos de desaparecidos apropiados durante la dictadura.
