En 2008, Mirtha Sisnero presentó un recurso de amparo colectivo ante la Justicia salteña junto con la Fundación Entre Mujeres, para que todas tuvieran la oportunidad de trabajar como conductoras en el transporte público. Su caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 21 de mayo de 2014 falló a su favor y obligó a las transportistas a tener un cupo de 30% de choferes mujeres en las líneas de colectivo. Recién en agosto de 2017, Sisnero consiguió trabajo en una empresa de colectivos como ayudante general y, desde el mes pasado, como inspectora. Aún no la contrataron como conductora.
La presidenta de la Fundación Entre Mujeres y militante del Partido del Trabajo y del Pueblo, Verónica Caliva, dialogó con El Tribuno sobre el caso de Sisnero y sobre la campaña que se lanzó la semana última en Salta para que se declarara la emergencia nacional en violencia de género. Consideró que esto es esencial para que haya políticas públicas para trabajar contra la vulneración de los derechos de las mujeres y contra los femicidios.
—Se lanzó en Salta la campaña para la emergencia nacional en violencia contra las mujeres…
—Sí, es una reivindicación viejísima que tenemos las mujeres en lucha para erradicar la violencia de género. Nosotras, como colectivo, presentamos el pedido de emergencia en la provincia en la Cámara de Diputados en el año 2012. En 2014, el Gobierno decretó la emergencia, que viene prorrogando desde entonces. A nivel nacional, también venimos presentando desde hace muchos años el pedido de emergencia. Han ido en crecida los femicidios y los casos de violencia se visibilizaron mucho más. Logramos una condena social a estas cuestiones, pero no logramos que los gobiernos destinaran las partidas necesarias para enfrentar con políticas públicas sólidas el flagelo y la problemática.
Así que, una vez más, en esta nueva oleada de lucha contra la violencia y de reivindicaciones, como el aborto legal, seguro y gratuito, las mujeres nos reorganizamos, buscamos nuevas herramientas y hacemos nuevos pedidos, hasta que conquistemos lo que es necesario para las mujeres y para las niñas del país. Nosotras -mal que nos pese- es muy poco lo que podemos hacer, si no hay políticas públicas estatales fuertes que de verdad busquen la solución al problema.
—¿Por qué considera importante que se declare la emergencia nacional?
—Se destinan 11 pesos por mujer en lo que respecta a violencia… Es imposible hacer algo serio con presupuestos magros e irrisorios para combatir, sensibilizar, prevenir y erradicar la violencia, que es lo que plantea la Ley nacional 26.485, de protección integral. Es una necesidad que se declare la emergencia, como cuando hay una epidemia de alguna enfermedad o nos ataca el dengue: declaran la emergencia sanitaria, ponen todas las herramientas del Estado, todos los ministerios intervienen y desde todos los lugares atacamos el problema para resolverlo.
Nosotras entendemos que así se tiene que abordar la problemática de la violencia. Entre 28 y 32 horas muere una mujer en el país a manos del machismo más misógino y violento que puede haber… El Estado tiene que declarar la emergencia y atenderla. Más allá de la legislación que ya está vigente, no están las políticas públicas que den respuesta a eso.
—¿Qué novedades tiene del caso de Mirtha Sisnero?
—Mirtha estuvo desempleada durante todos los años de litigio. Hace muy poco tiempo logró conseguir empleo en una de las empresas. Ahora fue muy grato saber que pasó a ser inspectora. El fallo fue paradigmático y sentó jurisprudencia y un precedente excelente para el conjunto del movimiento de mujeres y, sobre todo, de las mujeres trabajadoras. Sin embargo, de todo lo que la Corte Suprema recomendó a la Provincia de Salta, fue muy poco lo que se ha implementado. El panorama no es el mejor ni el que desearíamos. De hecho, la ejecución de sentencia no se ha llevado a cabo.
Ha habido paliativos de todo lo que la Corte recomendó a los tres poderes de la provincia para que cesara la discriminación y para promover la equidad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.
—¿Cree que desde el fallo hay más conciencia sobre la igualdad en el acceso al trabajo, más allá del género?
—Conciencia, sí, porque tenemos -eso está a la vista- la masividad de mujeres jóvenes y también de hombres que se suman a exigir que se cumplan derechos que siguen sin contemplarse en nuestro país. Parece una locura, como si estuviéramos en la Edad Media. Si bien se han incorporado a la lucha muchas jóvenes que le han puesto toda la fuerza y la vitalidad de la juventud y se habla de esto en la televisión, en las redes sociales y en los diarios, el Estado sigue sin ponerse a la altura de las circunstancias. Pasan los gobiernos de distintos colores y las mujeres seguimos exigiendo lo mismo por lo que se iniciaron los encuentros nacionales de mujeres en el año 1986, tras la vuelta de la democracia.
—Se habla de que el aumento de femicidios a nivel nacional podría vincularse con una especie de reacción al avance del feminismo de los últimos años… ¿Qué piensa al respecto?
—Es algo para estudiar e investigar… Como militante y como mujer, te diría que el principal problema es que desde el Estado empeoran las condiciones de vida sociales para toda la población y siempre las mujeres y los niños somos los más vulnerables y, entre las mujeres, las más vulnerables son las originarias, las pobres, las de los sectores más humildes y populares… Es un caldo de cultivo que genera más violencia. Tenemos una canasta básica inaccesible. Se necesitan más de 20 mil pesos para no ser pobre y los salarios de miles de mujeres no superan los 6 mil o los 10 mil pesos y están sumidas en la pobreza… Eso hace que cada día haya una sociedad más violenta en su conjunto y que prime el individualismo; de pronto, afloran todos los males sociales y las miserias humanas.
Eso tiene que ver con el tipo de país que tenemos y con la salud mental de la población. No es que, porque las mujeres luchamos, los hombres reaccionan… Sería muy simplista verlo así. Tenemos problemas que son sociales y los tenemos que abordar desde esa perspectiva. Lo lamentable es que los principales responsables, que son los estados nacional y provinciales, no lo hacen. Lejos de mejorar las condiciones de vida de la población y, en particular, de las mujeres y de la infancia, nos complican cada día más la vida con sus políticas miserables. No hay un Estado pensando en el bienestar de la población y -mucho menos- de las mujeres. Creo que ese es el principal problema. A partir de allí, por supuesto que el sexismo, el machismo y las ideas patriarcales, que también dominan, hacen su parte.
Finaliza Caliva “Hay que trabajar duro y sostenido con políticas serias a largo plazo. Se necesita que se destine el presupuesto necesario en todos los ministerios, para abordar el problema con políticas públicas sólidas. Si no cambiamos este tipo de sociedad y de Gobierno, es difícil que las cosas cambien”.
Hoy N° 1760 27/03/2019
