Se garantizarán viviendas dignas a toda la población. Expropiación sin indemnizaciones de las propiedades urbanas de la oligarquía terrateniente, los monopolios extranjeros y la gran burguesía intermediaria. Eliminación de la especulación con la vivienda, indemnizando a los pequeños y medianos rentistas en un plazo y montos que se fijarán por ley.
Plan de construcción de viviendas populares, cuyo alquiler no podrá exceder el 5% de los ingresos mensuales del usufructuario. A los actuales habitantes de villas y asentamientos se les entregarán las tierras que hoy ocupan u otras mejores en el caso que éstas no sean aptas, en forma inmediata, gratuita y colectiva a los cuerpos de delegados y juntas vecinales para su distribución democrática y tendrán prioridad en la adjudicación de viviendas por el gobierno popular revolucionario.
Se apuntará a resolver el problema de zonas inundables, falta de agua potable, luz y otros servicios indispensables en villas y barrios pobres. Se ayudará a los mismos para la construcción y mejora de las viviendas. Se procederá a practicar un plan progresivo de saneamiento de ríos y arroyos contaminados, con la ayuda de los ribereños afectados. Se elaborará un plan de viviendas rurales que contemple las costumbres y necesidades de los obreros rurales, campesinos pobres y comunidades aborígenes. Los planes de vivienda estarán determinados por las necesidades regionales y por los modos de vida habituales de cada zona.