Recién el viernes 5 de abril, la presidenta de la Nación recurrió a la cadena nacional para anunciar un plan de ayuda a los damnificados por las inundaciones. Pero lo hizo sin decretar la emergencia que le hubiera permitido disponer de recursos reasignando partidas presupuestarias, sino que apeló nuevamente a meter mano a los escasos fondos del Anses.
Así dicha ayuda queda limitada a dos cuotas equivalentes a la jubilación mínima para los jubilados y pensionados afectados, unos 70 mil, y a dos cuotas extras en la Asignación por Hijo y embarazo, unos 34 mil niños. A ello se agregan tres cuotas para la asignación por hijo a los trabajadores registrados afectados que la reciben y una única cuota para los desocupados afectados, que reciben un subsidio en tal condición.
No negamos que esto sea importante para mejorar la subsistencia alimentaria de estas personas por dos meses. Pero en relación a la magnitud de la catástrofe, a todo lo que han perdido esas personas y sus familias, es apenas una gota de agua en el desierto. En total esta ayuda que llegaría en forma directa a 153 mil damnificados suma 400 millones de pesos, que apenas representa el 10% de lo perdido por los 167 mil vecinos afectados en forma directa solamente en la ciudad de La Plata, donde el municipio las ha estimado provisoriamente en 4.000 millones de pesos, sin contar los daños en la infraestructura del mismo (calles, plazas, edificios públicos, etc.).
Por eso decimos que esto no se resuelve con parches ni dejándolo librado a la discrecionalidad del gobierno nacional o de los gobiernos locales, incluido la disposición de los aportes solidarios que vengan del exterior. Que es indispensable declarar las localidades y zonas de emergencia hídrica y sanitaria para disponer de todos los recursos necesarios en cada caso, sobre los que la población, las organizaciones obreras y populares y la oposición honesta y responsable pueden legítimamente exigir y solicitar la rendición de cuentas como cuando se declaran las emergencias agropecuarias, forestales, etc. La legislación nacional, y las provinciales y municipales existen, sólo hay que exigir que se apliquen.